El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, un texto que incluye sanciones de hasta 240.000 euros en caso de infracción.
La ley conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea en este campo con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución”, según ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y consta en la referencia del Consejo de Ministros.
El Gobierno ha remitido el proyecto a las Cortes Generales, a las que solicita que su tramitación parlamentaria se realice por el procedimiento de urgencia previsto en los artículos 93.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 133.1 del Reglamento del Senado.
El proyecto de ley incluye un régimen sancionador específico para quienes incumplan sus preceptos, que podrán incurrir en infracciones de distinto grado para las que quedan fijadas sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 240.000 euros. Cuando presentó el anteproyecto de ley, el Ejecutivo defendió la necesidad de crear un marco regulador nacional en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, principalmente policiales, fiscales y judiciales, en la prevención, persecución y enjuiciamiento de delitos.
TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVA EUROPEA
El Proyecto de Ley consta de 61 artículos estructurados en ocho capítulos, dos disposiciones adicionales y once disposiciones finales, que transponen la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. La norma se encuadra dentro del “paquete de protección de datos” impulsado por la Comisión Europea y cuyo objetivo es la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y su libre circulación.
“Dado el retraso acumulado”, ha destacado el Gobierno, “cuando el Consejo de Ministros examinó el anteproyecto en primera vuelta, el 10 de marzo de 2020, acordó su tramitación administrativa urgente, lo que ha permitido recabar con premura los preceptivos informes”.
Estos informes han sido remitidos por los ministerios de Justicia, Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Política Territorial y Función Pública, Defensa, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Asuntos Sociales y Agenda 2030 y Trabajo y Economía Social.
También han informado el proyecto el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, los departamentos de Seguridad Pública del Gobierno Vasco y de Interior de la Generalidad de Cataluña, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
