Los datos se han convertido en un gran activo para los negocios. Tanto es así que llegó un momento en que era tal el número de compañías que disponían de nuestro teléfono, nombre, dirección o conocían nuestros gustos, preferencias o nivel adquisitivo que la UE decidió tomar cartas en el asunto. En los últimos años se han puesto en marcha diversas normativas para limitar el uso de nuestros datos y hacer que podamos saber en todo momento quién tiene acceso a ellos, para qué puede usarlos y cómo los ha conseguido.

La medida más importante fue el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en mayo de 2016 y que desde el 25 de mayo del año pasado es de obligado cumplimiento en España. Su incumplimiento puede conllevar multas y sanciones que alcanzan los 20 millones de euros, en el peor de los casos.

La cuestión es importante y preocupa a los empresarios. “Las recientes multas impuestas y el daño continuo a la reputación como resultado del incumplimiento regulatorio respaldan la seriedad con la que se afrontan estos riesgos”, indican los responsables de la consultora multinacional Willis Towers Watson en su 6ª Encuesta de Responsabilidad de Directores.

Dos años de margen tuvieron entidades públicas, organizaciones y empresas para adaptarse a la nueva forma de gestión de la información, sin embargo aún hay rezagados que siguen sin aplicar las nuevas normas o no lo hacen correctamente. Resumamos lo que tiene que hacer y cómo hacerlo.

1. Cumplir con el deber de información

Debe informarse a los titulares de los datos de quién es el responsable del tratamiento, las finalidades que se persiguen, si existen cesiones a terceros y la dirección postal o electrónica donde el titular pueda solicitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Todas las empresas están obligadas a informar por cualquier canal a sus clientes de estos cambios.

2. Lograr el consentimiento explícito

El consentimiento para el tratamiento de datos deja de ser tácito. Ya no vale que se dé por hecho, debe de haber una clara acción afirmativa. De hecho, el responsable de los datos debe tener pruebas de ese consentimiento.

Si tienes dudas, consulta esta guía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

 Registro de actividades de tratamiento

El RGDP obliga a informar, tanto a los propios usuarios como a la AEPD, sobre la recopilación de los datos y el objetivo de la misma. La antigua inscripción de ficheros (vigente con la anterior LOPD 15/1999) es ahora sustituida por el registro de actividades de tratamiento efectuadas por cada responsable y, en su caso, encargado del tratamiento de datos. Ese registro incluye, entre otra información, los fines, las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos, las transferencias de datos personales a un tercer país, etc.

4. Realizar un análisis de riesgos y adoptar medidas de seguridad

No es posible asegurar el derecho fundamental a la protección de datos si no se es capaz de garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos personales, así que lo primero es estudiar el nivel de peligrosidad que hay entorno al tratamiento y almacenamiento que haces de la información que manejas. Puedes hacerlo mediante la herramienta FACILITA-RGPD. En los primeros pasos de este procedimiento vía web encontrarás unas preguntas que te ayudarán a determinar el grado de riesgo.

5. Comunicar incidentes de seguridad

Con los ciberataques a la orden del día y las herramientas informáticas en constante evolución, ninguna empresa está a salvo de sufrir un incidente. Si eso ocurriera, el RGPD introduce la obligación de notificar a la autoridad competente, en este caso la AEPD, si se detecta una brecha de seguridad que afecte a datos personales. En determinados casos también hay que avisar a las personas cuyos datos personales se hayan visto afectados por la violación.

Aquí lo importante es tener establecidos de manera clara los mecanismos y procedimiento de notificación de quiebras de seguridad. El pasado mes de marzo hubo 113 notificaciones, tres de ellas se están investigando por si supusiera la existencia de riesgo alto para los derechos y libertades de los ciudadanos.

6. Valorar si los encargados de los datos ofrecen garantías

El RGPD define el tipo de contrato que debe vincular al responsable de los datos con el encargado de los mismos. En él se deben especificar la relación y las obligaciones de ambas partes ante la prestación del servicio acordado. Si existiera un contrato vigente previo a mayo de 2018, cuando entró en vigor el reglamento, es imprescindible incluir una cláusula al respecto que sea firmada por las partes.

Quizás sea este el momento de valorar si el organismo o empresa encargada del tratamiento de los datos de mi compañía es el más adecuado y aclarar situaciones en las que puede ser difícil distinguir cuándo estamos frente a un encargado o a un responsable del tratamiento.

7. Designar un delegado de protección de datos

No es una figura obligatoria en todas las empresas (consulta tu caso aquí), pero puede ser conveniente asumirla de manera voluntaria o en cualquier caso identificar a una persona responsable de coordinar la adaptación para el correcto cumplimiento de las medidas del reglamento.

8. Atender correctamente los derechos de los ciudadanos

Nos referimos al derecho de acceso (para conocer y obtener información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento), de rectificación (el ciudadano puede solicitar la corrección de errores y la modificación de los datos que resulten ser inexactos o incompletos), de cancelación (cualquier persona puede solicitar que se supriman sus datos) y de oposición (puede negarse a que se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo).

Además, los datos personales que solicitemos deberán ser adecuados, veraces y no excesivos. Es decir, no hay que solicitar más datos de los necesarios, hay que mantenerlos actualizados y eliminarlos cuando ya no sean necesarios.

Fuente. https://elpais.com

Uno de los ámbitos en el que la irrupción de las nuevas tecnologías está provocando mayor litigiosidad es el de las relaciones laborales, con especial incidencia, en los límites del control que el empresario puede ejercer sobre la actividad de los trabajadores. A este respecto, en los últimos años ha resultado especialmente conflictiva la videovigilancia de los trabajadores en el seno de las empresas. Tanto es así, que la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (alumbrada a la luz del Reglamento europeo), en vigor desde diciembre, regula expresamente cómo debe llevarse a cabo esta práctica en su artículo 89. Hace unos días, un juzgado de Pamplona dictó la primera sentencia (que puede consultar aquí) que se apoya en la nueva normativa.

En el caso enjuiciado se analiza el despido disciplinario de un empleado que es captado por las cámaras de seguridad peleándose con otro en el parking de la empresa. El trabajador impugnó la prueba basada en las imágenes, argumentando que la compañía no había informado sobre la finalidad del sistema de grabación, alegación que el juez acepta, declarando nulos los vídeos. Sin embargo, al existir testigos que acreditaban la disputa, declaró válido el cese.

¿Qué requisitos debe cumplir un sistema de videovigilancia para que pueda ser legalmente empleado para controlar a los trabajadores? Recogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la nueva ley orgánica determina que los empleadores “habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores” de dos circunstancias. La primera, de la propia instalación de las cámaras de seguridad; y, la segunda,  que las imágenes que estas capten pueden ser utilizadas para el control laboral. El deber de información, por tanto, es doble y no se entiende satisfecho si la empresa se limita a colocar junto al circuito un cartel informativo genérico, sino que, además, debe advertir a la plantilla de la grabación puede dar lugar a acciones disciplinarias.

Ricardo Fortún, abogado de Ejaso ETL Global, señala que este es el punto en el que suelen flaquear las compañías. “Es frecuente que, cuando instalan las cámaras, no se planteen que pueden ser usadas para controlar y sancionar a los empleados”; por tanto, al no haber advertido a los trabajadores, la prueba obtenida por la misma no es válida y no puede sustentar un proceso disciplinario.

Ambos letrados insisten en que la compañía debe informar personalmente a cada trabajador, así como a los representantes sindicales, por medios que acrediten la recepción de dicha comunicación.

Controversia

Existe un punto especialmente controvertido con relación a la videovigilancia en el trabajo que la nueva ley orgánica no solo no resuelve sino que alimenta: ¿qué pasa si lo que captan las cámaras es un delito (el robo de material de la empresa, por ejemplo)? ¿se mantienen en este caso las mismas exigencias relativas a la información que debe haberse dado a los empleados?

En 2017, el Tribunal Supremo declaró que, en caso de delito, bastaba, para que la prueba fuera válida, que el trabajador conociera la instalación de las cámaras. La nueva ley orgánica parece sumarse a esta tesis al aseverar que si se ha captado “la comisión flagrante de un acto ilícito” (ni siquiera lo circunscribe a delitos), el deber de informar se entiende cumplido si hay aviso de la existencia de la videovigilancia.

El juzgado de Pamplona, sin embargo, rechaza que sea admisible esa rebaja de las garantías. “Conviene no confundir la legitimidad del fin con la constitucionalidad del medio para su consecución”, advierte, en defensa de los derechos fundamentales.

El día 28 de Enero se celebra el “Día Internacional de la Protección de Datos Personales” que fue una iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa al abrirse la firma al Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal un 28 de enero de 1981.

El objetivo de conmemorar este día es generar consciencia entre los servidores públicos responsables del tratamiento de los datos personales sobre la importancia de proteger los mismos y de difundir los derechos y mejores prácticas en esta materia y sensibilizar a la población sobre las implicaciones de compartir los datos personales con terceros.

El Convenio 108 supuso la regulación del tratamiento automatizado de datos personales puesto que hasta entonces solo se reconocían determinados Derechos Humanos como el respeto a la vida privada y familiar donde no estaba incluida la protección de datos personales.

Este día se celebra no solo en Europa sino a nivel mundial como el “DATA PRIVACITY DAY”. Su objetivo no es otro que concienciar a la población de la importancia del tratamiento de nuestros datos personales así como impulsar el conocimiento sobre este tema.

Realmente no tenemos ningún control sobre nuestros datos personales y no existe consciencia de lo que supone ceder los datos así como conocimiento de los derechos y obligaciones que tenemos en esta materia.

En la actualidad, con la nueva legislación, se busca una protección más exhaustiva y eficaz de los datos que cedemos  al estar permanentemente conectados con las nuevas tecnologías al mundo de internet.

Es muy importante, si eres autónomo, tienes una empresa, asociación, etc…donde exista un tratamiento de datos personales, adaptarse a la nueva normativa y evitar futuras sanciones.

Desde Data Protect Plus podemos realizar acciones encaminadas a la adaptación de tu empresa o negocio, con la máxima garantía de seguridad y profesionalidad.

¡Feliz Día Internacional de la Protección de Datos!

Desde hace ya más de seis meses es de plena aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de datos), si bien el Estado Español no aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales hasta el 6 de diciembre de este año, derogando el Real Decreto-Ley 5/2018 de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Sobre el Reglamento ya se ha escrito mucho, pero insistir en la responsabilidad proactiva no está de más, pues todos hemos podido comprobar que seguimos más pendientes de tener una clausula adaptada de cara a la galería que entender la nueva normativa y lo que está requiriendo.

Hasta que no comience la Agencia de Protección de Datos a desplegar sus funciones y competencias en la materia lo único seguro que pueden hacer los responsables de tratamiento sin temor a equivocarse es cambiar su rol, su forma de cumplir con esta materia ha cambiado de arriba a abajo.

Y es que, desde mi punto de vista, para cumplir con la normativa la protección de datos en las organizaciones no debe hacerse una mera adaptación sino una verdadera revolución.

Revolución porque no se trata de cumplir con la norma sino de tomar conciencia de la importancia de los datos de las personas y de sus tratamientos y de la necesidad de protegerlos. Es de vital importancia que todos aquellos que trabajamos en esta materia sepamos transmitir el nuevo rol que asumen las organizaciones como responsables de tratamiento.

La proactividad o la autorresponsabilidad no son conceptos que casen bien con la forma de trabajar de las organizaciones en el pasado, o de la mayoría de ellas. Sobre todo en las pyme, la proactividad o autorresponsabilidad parece que las obliga a una mayor burocracia y no es así a la larga, pero sí que supone una nueva forma de cumplir con las normas. La proactividad exige evidenciar las medidas que se adoptan para la protección de los datos, que es lo que a la postre nos requerirá la Autoridad de Control.

Hemos podido comprobar todos en estos meses cómo cada organización establece su forma de cumplir con el Reglamento, algunas con más acierto que otras. No obstante, sin duda, mejor actuar y ser proactivo que no hacer nada.

Imposible demostrar la proactividad del responsable de tratamiento si continuamos poniendo en nuestra página web algo similiar a “… con arreglo a lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de aplicación (RD 1720/2007, de 21 de diciembre), los usuarios pueden ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a ……………………..”.

Sin embargo, aún son muchas las organizaciones que mantienen estas cláusulas o similares. Y otras que simplemente han actualizado las normas de aplicación de sus clausulados pero siguen igual.

Por no hablar de las Administraciones Públicas y organismos públicos a los que el Reglamento aplica tanto como al ámbito privado y con el agravante, porque así lo ha querido el Estado Español, de no asumir sanciones pecuniarias.

Cumplir o mejor dicho, intentar cumplir con la norma, no tiene porqué ser complicado, pero la actitud ante la adaptación sí que debe cambiar.

Desde mi punto de vista quien externaliza la adaptación no debe pensar que otro con más conocimiento que él se lo hará mejor y después ya está. Y si contrata a un buen profesional éste deberá transmitir al responsable de tratamiento que la adaptación no es un trabajo que comienza cuando entra el por la puerta y termina con la entrega de una documentación, sino que debe calar en toda la organización la protección de los datos y debe mantenerse viva esta implicación en la materia.

Sin embargo, aunque la agencia española (AEPD) ofrece algunas herramientas, creo que precisamente las pymes son las que más necesitan la colaboración de un profesional externo que les explique la norma y lo que la norma les pide, dándoles ese primer empujón para que puedan comenzar con ese nuevo rol.

Fuente: elpais.com

Ya está en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD), que actualiza la legislación española de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, además, revisa y amplía las obligaciones digitales de las organizaciones que lleven a cabo algún tipo de tratamiento. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha hecho esperar más de la cuenta, pero ayer, coincidiendo con el Día de la Constitución, el texto, finalmente, vio la luz.

La LOPD cuenta con 97 artículos, repartidos en 10 títulos. El más novedoso, el que contiene el catálogo de derechos digitales (Título X, artículos 79 a 97), entre los que se encuentran el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos en el ámbito laboral o el derecho a la desconexión digital en el trabajo. Aunque, como ha advertido Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no se ha precisado el Ministerio u organismo público encargado de garantizar el cumplimiento de muchos de ellos.

Las empresas que traten datos personales tendrán que proporcionar al afectado la siguiente información: la finalidad del tratamiento; y la posibilidad de ejercer los derechos contenidos en el RGPD. Y, además, debe facilitar el acceso de forma “sencilla e inmediata” (a través de una dirección electrónica o cualquier otro medio) al resto de datos que la normativa exige que sean ofrecidos por las organizaciones.

Los responsables de tratamiento están obligados, además, a informar a los afectados de los medios a su alcance para ejercer sus derechos. Vías que “deberán ser fácilmente accesibles”. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de un derecho recae sobre el responsable.

Fuente: https://cincodias.elpais.com

RGPD, PROTECCION DE DATOS… ¿QUÉ PASA SI NO LO TENGO?

¿Qué pasa si no tengo mi empresa adaptada al RGPD? ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Protección de datos?… ¿Eso qué es? Con frecuencia escuchamos estas preguntas ante el desconocimiento general que existe a día de hoy con la nueva normativa. Si aún no estás informado de lo que se nos viene encima aquí os traemos un pequeño resumen que esperamos os sirva de ayuda.

SANCIONES GRAVES

Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, las sanciones han cambiado de forma muy considerable. En la LOPD las sanciones se consideraban Leves, Grave o Muy Grave, con importes entre los 900€ a 600.000€. Con la nueva reglamentación, solo se admiten dos consideraciones Grave o Muy Graves y los importes pueden ser:

La sanción administrativa se eleva hasta 10.000.000€. Por otro lado, en el caso de empresas, la cuantía sancionadora grave es equivalente al 2%, como máximo, del volumen de negocio total anual global. Este porcentaje se basa en su ejercicio financiero anterior. La sanción grave a abonar, se decide en base a la mayor en cuantía.

Los motivos de la sanción grave, son:

• No obtener el consentimiento de menores.
• Incumplir con las medidas técnicas y organizativas por defecto.
• No disponer del registro de actividades de tratamiento.
• Pasar de notificar las brechas de seguridad dentro del plazo de 72 horas.
• No aplicar la evaluación de Impacto correspondiente.
• No designar DPO (en los supuestos requeridos)

SANCIONES MUY GRAVES

La sanción administrativa se eleva hasta 20.000.000€. Por otro lado, en el caso de empresas, la cuantía sancionadora grave es equivalente al 4%, como máximo, del volumen de negocio total anual global. Este porcentaje se basa en su ejercicio financiero anterior. La sanción grave a abonar, se decide en base a la mayor en cuantía.

Los motivos de la sanción grave, son:

• Incumplir con los principios de la RGPD.
• No tener en cuenta los derechos de los interesados.
• Incumplir con los requisitos para transferencia internacional de datos.
• Vulnerar la resolución de la Autoridad de Control.

¿QUÉ TIENE EN CUENTA LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTABLECER MULTAS DENTRO DEL RGPD?

Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual. Para decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

• La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.
• La intencionalidad o negligencia en la infracción.
• cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados.
• El grado de responsabilidad del encargado del tratamiento. En este supuesto se tendrán en cuenta las medidas técnicas u organizativas aplicadas aplicado en virtud de los artículos 25 y 32, RGPD.
• toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento.
• El grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción.
• Las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción.
• La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida.
• En el momento en el que las  medidas indicadas por cada autoridad de control -siguiendo el art. 58.2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas.
• La adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación.
• Cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción
• Incumplimiento de forma intencionada o negligente por parte del responsable o encargado del tratamiento de datos

Fuente: https://normativasobligatorias.es

¿Cómo afecta la nueva Ley de Protección de datos en las comunidades de vecinos?

El pasado 25 de mayo se puso en vigor el nuevo reglamento europeo mediante el cual se establecen nuevas bases jurídicas más “armonizadas” en toda la comunidad, en las que se refuerzan los derechos de los individuos referentes a la cesión y tratamiento de su información personal. Y, como no podía ser menos, el sector inmobiliario también ha tenido que adaptarse a esta nueva etapa, ¿cómo afecta la nueva Ley de Protección de Datos en las comunidades de vecinos?

¿Quién es el responsable de los datos?

Se pueden distinguir 2 figuras clave, las cuales intervienen directamente, o bien en la recogida de datos personales de los vecinos o en su gestión: el presidente de la comunidad y los administradores de fincas.

El primero, como representante legal de la propia comunidad, podría decirse que es el responsable directo del tratamiento de la información, mientras que el papel de los segundos está supeditado ser de asesoramiento y consultoría. De hecho, el contrato que poseen con esa comunidad por la prestación de sus servicios, como la Ley de Propiedad Horizontal, les otorga legitimidad para el tratamiento de esos datos.

En el caso en el que la comunidad no disponga de Administrador o Asesoría externa, el tratamiento de la información por parte del presidente debe acotarse al ámbito de sus funciones, quedando totalmente prohibido que facilite el acceso a esos datos a terceros sin el consentimiento del propietario

Obligaciones tras la nueva ley de protección de datos en las comunidades de vecinos

• Creación de un documento o registro de tratamiento donde aparecen los ficheros y quien los trata.
• Regular mediante contrato los posibles encargados de tratamiento de la comunidad de propietarios y disponer de los documentos de confidencialidad firmados por parte de los cargos de la comunidad (presidente, vicepresidente, etc.) y de los trabajadores (si hay).
• Si hay instalado un sistema de videovigilancia, será de obligatorio cumplimiento colgar el cartel informativo homologado por la AEPD informando a los vecinos de ello.

En el caso de que la comunidad de propietarios tenga contratada la gestión de la protección de datos en el administrador de fincas, será la figura que gestionará el correcto cumplimiento de los requisitos de la nueva RGPD, dado su papel de encargado de tratamiento de los datos respecto la comunidad.

Fuente: www.gestilar.com

El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos es de aplicación directa en todos los países de la UE desde el pasado 25 de mayo y en el nuestro ha supuesto que la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y su desarrollo reglamentario, esto es, el Real Decreto 1720/2007, haya sido de hecho derogado.Aun así, el Gobierno aprobó y remitió al Congreso el proyecto de una nueva Ley Orgánica sobre esta materia que adapta nuestra legislación a lo dispuesto en el Reglamento comunitario, proyecto que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria.Teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de que los aspectos que configuran el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal hayan de incorporarse a la Ley Orgánica aún no aprobada, existen determinadas cuestiones que resultan imprescindibles su urgente aprobación para la plena adaptación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario.Este es el objetivo del Real Decreto-ley 5/2018, el cual se ciñe a la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora. La norma aprobada a final de julio debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable.Así pues, el Real Decreto-ley regula determinadas materias respecto a la protección de datos que no están reservadas a la futura Ley Orgánica.En concreto, regula la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de una posible vulneración del RGPD relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Información obtenida de: noticias.juridicas.com